Burla y apropiación ilegal
La presidente y su esposo se han mofado del Congreso en sus narices y en el momento más sublime: la apertura de sesiones.
Primero Cristina entusiasmó al auditorio con la derogación del DNU del Fondo del Bicentenario, que estaba extinto. Pero inmediatamente anunció otros dos para hacerse de los mismos u$s 6.300 millones de las reservas del Banco Central que la Justicia, la oposición y el sentido común les negaba. La maniobra no tardó en desenmascararse: no terminó de hablar en el recinto que el directorio del BCRA ya había transferido los fondos a la cuenta del Tesoro, sin esperar cuanto menos la publicación en el Boletín Oficial.
Las fintas oficiales de un proyecto de ley para congraciarse con un Congreso hostil quedaron atrás. Es evidente que el gobierno rehuye a asuntos que sólo son potestad del Parlamento: el análisis de las condiciones de la deuda y su eventual autorización, la definición de si corresponde usar o no reservas para cancelar deuda pública y, desde luego, la legitimidad de un DNU.
Esta nueva bravata del Ejecutivo genera más tensión para la política y la economía, como si no hubieran sido suficientes las convulsiones vividas desde la creación del "Fobi" primero y el aniquilamiento de la independencia del Central después. Precisamente, la rapidez con la que el BCRA transfirió los fondos que debieran estar bien resguardados despejan dudas sobre la pérdida de la autonomía de la institución desde que cayó en manos de Marcó del Pont.
Cristina habla de una transparente asignación a los acreedores privados supervisada por una Comisión Bicameral que podrá "seguir, vigilar y controlar" el destino de los fondos, y promete detallar uno a uno los vencimientos de los bonos en poder del sector privado... Palabras edulcoradas para la distracción.
Se añade un problema. El Presupuesto 2010 ya contemplaba fondos para el pago de deuda, de modo que ¿cómo se justifica ahora esta duplicación perversa a partir de los dineros extraídos del Central? Al no intervenir el Congreso en esta alteración del Presupuesto, se rompe toda regla mínima y se alienta nuevamente la sospecha de un uso discrecional para gastos corrientes estimulada por una campaña en ciernes.
Por lo pronto queda claro que sin este nuevo giro del Central, el bache fiscal no cerrará. Se habla de un faltante de algo más de $ 40.000 millones. Es imposible pensar que el Congreso -a partir de su nueva composición- libere estos fondos adicionales para seguir con la fiesta del gasto kirchnerista.
Desde la otra vereda, la oposición sigue actuando con ingenuidad. Se mantiene pasiva a los movimientos que le impone el matrimonio Kirchner y sólo reacciona una vez que el Ejecutivo termina por mover sus piezas, como ocurrió en la fallida sesión de integración de comisiones del Senado.
Sea como fuere, lo que hizo el gobierno es una apropiación ilegal: sacó dinero con un decreto sin permiso y supuestamente quiere pagar deuda sin visado parlamentario. Una osadía que en cualquier país serio los gobernantes deben explicar y pagar en la Justicia.
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