Otra que la mejor policía del mundo...
Por Werner Pertot
Jorge “Fino” Palacios, preso. Osvaldo Chamorro, echado. Guillermo Oscar Rodríguez, procesado. A menos de un año de su creación, el jefe, subjefe y secretario administrativo de la Policía Metropolitana debieron renunciar. Los policías elegidos por Mauricio Macri fueron jaqueados por el procesamiento por encubrir la investigación de la AMIA, por el escándalo de espionaje de Ciro James y por una causa por sobreprecios en el menemismo, respectivamente. El juez Norberto Oyarbide detuvo a Palacios, a quien indagará hoy por su vinculación con el caso de espionaje (ver aparte). Chamorro debió renunciar ayer luego de que la Justicia comprobara que investigó a legisladores opositores, dirigentes del gremio de municipales y hasta a funcionarios macristas. Aunque lo echaron por considerar que se trató de “una grave falta de ética”, en el gobierno porteño indicaron que Chamorro les dijo que el que pedía los informes financieros era Palacios.
Desde España –de donde volverá mañana–, Macri ordenó la eyección de Chamorro. Es el segundo jefe que debe abandonar la policía porteña y probablemente se imponga una revisión del resto de la fuerza. La salida a la calle de la Metropolitana se postergará hasta que asuma su nuevo titular, Eugenio Burzaco, después de que termine su mandato como diputado el 10 de diciembre. Mientras tanto, el cargo quedará vacante, con el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, como jefe político. El oficial con mayor rango es Carlos Kervokian, sumariado por la muerte de un joven de 17 años en un operativo a su cargo en la cancha de Huracán.
“En un primer momento creímos que (Palacios y Chamorro) eran las personas indicadas para conducir la fuerza. Ahora entendemos que esa persona es Burzaco”, señaló Montenegro, en una conferencia de prensa que compartió con el secretario general Marcos Peña y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Más temprano, el ministro de Justicia visitó el juzgado de Norberto Oyarbide, donde tuvo una reunión en la que el magistrado le explicó que en una computadora que usaba Chamorro y que se secuestró de Strategic Security Consultancy –una de las empresas de seguridad vinculadas a Palacios– se encontró una carpeta rotulada “Osvaldo”. Allí había un documento de Word con la clave para acceder a la base de datos Nosis. Entre las búsquedas que la Justicia comprobó que se hicieron con esa contraseña estaban los legisladores opositores Diana Maffía, Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa, el legislador electo Francisco “Tito” Nenna y el sindicalista Patricio Datarmini. También aparecían Larreta y habría otros macristas que, a comienzos del año, le habían recomendado a Macri que no designara a Palacios.
Además de compartir oficinas (los investigadores descubrieron que se tiró una pared para unir los departamentos), a Chamorro y Palacios los une su relación con James. Chamorro declaró ante Oyarbide que se vio dos veces con el espía –a quien Palacios recomendó para ingresar a la Metropolitana–, pero luego se comprobó que tiene más de 80 llamadas con James: diez a su celular y el resto a su despacho.
Tras el encuentro con Oyarbide, los macristas tuvieron una nueva reunión de cúpula al mediodía, de la que participaron Larreta, Peña, Montenegro, el titular de PRO, José Torello; el vicepresidente primero de la Legislatura Diego Santilli y el secretario de Medios Miguel de Godoy. Mientras comían empanadas, hubo un pase de facturas entre algunos dirigentes que sostenían que a Chamorro habría que haberlo echado junto con Palacios. También discutieron la posibilidad de descabezar a toda la cúpula policial, pero se resolvió entregar sólo la renuncia de Chamorro.
A las 13.45, Peña y Montenegro llamaron a un muy ofuscado Macri que, tras escuchar los detalles, dispuso que le pidieran la renuncia a Chamorro. El subjefe, a cargo de la Metropolitana, la entregó al instante. Según contaban en el Palacio de Gobierno, el policía les dijo en privado que él no tenía la culpa, que esas consultas al Nosis las había hecho Palacios. En público, Montenegro comentó que “la explicación que da es que no tiene claro quién pidió esa información”.
En la mesa chica de la gestión PRO siguen culpando al gobierno nacional por la difusión del caso. “Esto va a seguir para largo”, pronostican los más pesimistas. En el encuentro de ayer, algunos dirigentes plantearon que Burzaco, cuando asuma, debería analizar caso por caso quiénes son los mandos medios para ahorrarse nuevas sorpresas. También decidieron esperar a su asunción para hacer el postergado lanzamiento de los primeros 800 policías de la Metropolitana. Por ahora, el futuro jefe de la fuerza está de viaje por Israel. “Se está capacitando”, dicen en Bolívar 1.
En la conferencia de prensa, Montenegro intentó separar este caso del de espionaje de James. Indicó que investigar a opositores a través de Nosis “no es espionaje, porque es información pública. No es ilegal, pero en el contexto general, donde el subjefe sería un posible sospechoso, es una falta de ética grave”. “Esto lo sorprendió a Macri. No sabemos por qué recabó esa información”, estimó Rodríguez Larreta. “Creíamos que eran las mejores personas, pero surgieron estos problemas y se eligió priorizar la transparencia de la gestión. Por eso, se fueron”, dijo Peña.
–¿De quién es la responsabilidad política por la designación de Palacios y Chamorro? –preguntó Página/12.
–El responsable político del área soy yo –contestó Montenegro.
–¿Qué ocurrió con los sumarios que se habían ordenado en los ministerios de Justicia y de Educación?
–Se le está enviando toda la información a Oyarbide.
Tras la conferencia, los macristas auguraban que iban a detener a Palacios –algo que ocurrió por la noche– y se lamentaban ante los titulares de los canales de televisión, que decían “espiaban a Bartolomé Mitre, director de La Nación”. “Pero si Mauricio es amigo de él”, se quejó un funcionario. “Puede estar hasta el Pato Donald en esa lista.”
El Fino, adentro del calabozo
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
El comisario retirado Jorge “Fino” Palacios pasó la noche en una celda de los tribunales federales de Retiro y seguirá detenido por decisión del juez Norberto Oyarbide, para quien existen fuertes sospechas de que lideraba una organización dedicada a hacer espionaje ilegal de todo tipo que habría operado desde la Policía Metropolitana, donde Mauricio Macri lo había nombrado como jefe. Hasta ahora el nombre más conocido de esa banda era el del ex policía y asesor del Ministerio de Educación porteño Ciro James, con quien Palacios resultó tener una estrecha relación. La detención fue requerida en las primeras horas de la tarde por el fiscal Alberto Nisman. Lo que se le imputa es haber “ordenado, implementado y supervisado” las escuchas a Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA y uno de los principales impulsores de su desplazamiento de la jefatura de la fuerza porteña por su participación en el encubrimiento del ataque terrorista, entre otras razones. El Fino será indagado hoy y es probable que más adelante se le imputen otros casos de espionaje que están en plena investigación. Pero, además, todo indica que el juez apuntaría a la existencia de una organización ilícita –con jueces, policías y espías– dedicada al espionaje y con Palacios como jefe. En ese caso, el delito sería todavía más grave.
Como adelantó Página/12 en exclusiva, era inminente la citación de Fino a indagatoria, sospechado por espiar en forma ilegal. Eso llevó a que el abogado del ex jefe de la Metropolitana presentara un escrito solicitando que se lo eximiera de prisión. El juez denegó ese pedido por considerar que Fino tiene una vasta y demostrada capacidad para obstaculizar la investigación, lo que derivó en que el propio Palacios se presentara al atardecer en Comodoro Py: allí quedó detenido.
El detallado escrito de Nisman se centra en el caso de las escuchas a Burstein. El fiscal enumera los siguientes elementos de prueba:
- Burstein era uno de los principales voceros de los familiares de las víctimas en su oposición a que Palacios continuara al frente de la Metropolitana.
- Para Palacios resultaba clave escuchar los diálogos que Burstein mantenía relacionados con la causa AMIA y la campaña por sacarlo del cargo de jefe de la fuerza porteña.
- De los siete números telefónicos a nombre de Burstein, sólo se dispuso la escucha ilegal sobre uno: el correspondiente al celular utilizado para tratar todas las cuestiones relacionadas con la causa AMIA.
- En tres meses de este año, el celular de Ciro James se activó 480 veces. De ese total, 477 veces las llamadas se cursaron por la antena situada cerca de la Policía Metropolitana y el Ministerio de Seguridad. Eso demostraría que James ya trabajaba en el área, pese a tener un contrato con Educación.
- En esos tres meses, Ciro James se comunicó 160 veces con Jorge Palacios. Y en muchas ocasiones, lo hizo antes de las 8 o después de las 22, lo que habla de una relación que no es la habitual entre un subordinado y un jefe. Además, la cantidad de comunicaciones ya demuestra el vínculo.
- Cada vez que hubo una movida importante relacionada con las escuchas de Burstein, se produjeron diálogos entre James y Palacios. Cuando se hizo un llamado de prueba para comprobar que ése era el celular del integrante de Familiares, cuando se pidió a los policías misioneros que gestionaran el pinchado, cuando el juez de Posadas firmó la orden, cuando se empezó a cumplir con la escuchas, cuando se retiraron de la SIDE. Siempre, a cada paso, hubo llamadas entre James y Palacios.
Para Nisman, lo que ocurrió es que Palacios puso en marcha contra Burstein un sistema que se venía usando tiempo antes. “Valiéndose del procesado Ciro James, con quien Palacios mantenía una relación de confianza y amistad, porque habían trabajado en la Policía Federal y de cuyo inminente ingreso a la Metropolitana Palacios había sido su gestor y firme impulsor –apuntó el fiscal–, Palacios introdujo el número celular de Burstein en una causa que tramitaba ante el Juzgado en lo Penal 1 de Misiones, a cargo de Horacio Gallardo, donde se investigaba el homicidio de José María Piccoli, ocurrido el 5 de agosto de 2005, y se lo vinculó falsamente con un prófugo de dichas actuaciones, Pedro Antonio Figueredo, alias Leka, sin que exista el menor elemento que permita vincular a Burstein con este expediente. Idéntica maniobra, con la complicidad de dos jueces de Misiones, había sido llevada a cabo con anterioridad, para escuchar las comunicaciones telefónicas de distintas personas, la mayoría de ellos con actuación pública (...) El ilegal sistema utilizado, con la complicidad de jueces y policías, tenía como característica que no requería para las intervenciones valijas de escuchas ni ningún otro aparato de interceptación, ya que se valían del aparato y la maquinaria estatal (...) Engañaban al Estado y delegaban en él su tarea, para que de manera abusiva, arbitraria e inescrupulosa, se dispusieran medidas coercitivas en contra de garantías constitucionales.”
Un Comisario con muchas inquietudes
Por I. H. y R. K.
La computadora de Osvaldo Chamorro, expulsado ayer de la Policía Metropolitana, reveló que también investigaba, desde la consultora del comisario retirado Jorge Fino Palacios, al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y a su hermano Luis Emilio Mitre, asesinado el último día de 2005. No sólo eso: hasta el negocio de la efedrina, la mafia de los medicamentos y el triple crimen de General Rodríguez se mezclaron en la trama del espionaje. Aparecieron pedidos de informes financieros sobre Sebastián Forza y un grupo de droguerías implicadas en las investigaciones sobre remedios truchos, entre ellas la famosa droguería San Javier.
Como informó Página/12, la PC de Chamorro fue secuestrada el mes pasado en el allanamiento de una oficina que figuraba como su estudio jurídico y que resultó ser parte de la consultora Security Strategic Consultancy, de Palacios. Una pericia de la Policía Federal detectó que la máquina tenía instalado el sistema de búsqueda de información financiera de la empresa Nosis y que la clave estaba en una carpeta rotulada “Osvaldo”. De entrada los investigadores pudieron saber que había requerido datos sobre varios legisladores porteños de la oposición, sobre el dirigente del sindicato de los empleados municipales Patricio Datarmini y hasta sobre el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Los datos están siendo analizados por el juez Norberto Oyarbide, quien ayer recibió un listado de los informes requeridos desde el año pasado por la consultora de Palacios y que revela que estaba detrás de grandes asuntos de todo tipo, no sólo políticos. El requerimiento de información financiera y crediticia sobre los Mitre es de octubre de 2008. Resulta muy posterior al asesinato de Luis Emilio, ocurrido hace casi ya cuatro años. Se lo encontró en su departamento de Recoleta con una bolsa en la cabeza y la autopsia determinó que fue asesinado por sofocamiento, pero el crimen nunca se esclareció. Todo hace pensar que Chamorro estaría trabajando en cuestiones relacionadas con la herencia y el conflicto que surgió en la familia Mitre después de su muerte. Como en el caso Macri –donde resultó espiado mediante escuchas ilegales el cuñado del jefe de gobierno porteño–, aquella operación de espionaje estaría relacionada con cuestiones de dinero de la interna familiar.
La aparición del nombre de Forza y de varias droguerías entre los que al parecer interesaban a Palacios y Chamorro tendría su lógica. Forza se contactó con el Fino para ofrecerle pruebas –a cambio de dinero– sobre una importante desaparición de medicamentos dentro del Laboratorio Abbott, al que el comisario retirado asesoraba. Según aparece declarado por un testigo en la causa del triple crimen de General Rodríguez, el robo tenía varias aristas: una era el robo interno; otra, un gran tráfico de medicamentos a través de visitadores médicos; y también había un sistema de coimas a médicos. Tras varias reuniones, Palacios derivó a Forza para que hablara con los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (implicados, igual que Palacios, en el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA). Al final, el intento de venta de información de Forza se frustró.
Sebastián Forza apareció muerto junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina en el atardecer del 7 de agosto del año pasado. Para el fiscal Juan Bidone toda la trama estaba relacionada con jóvenes empresarios del mundo de los medicamentos truchos que vieron la oportunidad de hacer mucho dinero en forma rápida a través del suministro de efedrina a narcos que usaban esa sustancia para fabricar drogas sintéticas. En la investigación del Triple Crimen surgió el nombre de Martín El Gordo Magallanes, quien tenía una droguería en sociedad con Forza: Seacamp. Magallanes aparecería entre los investigados por Chamorro. Del expediente judicial surge que Magallanes estaba vinculado con el financiamiento de operaciones de la droguería.
Otra de las droguerías de la lista de Chamorro y el Fino es San Javier, del empresario Néstor Lorenzo, de histórica vinculación con el circuito de la mafia de los medicamentos. San Javier cobró notoriedad desde que se conoció su vinculación con la Obra Social Bancaria y otras obras sociales. En los pedidos a Nosis está inclusive Unifarma, también famosa a raíz del Triple Crimen. Cerca de la camioneta incendiada de Damián Ferrón, encontrada el 7 de agosto de 2008 en la calle Bolivia, entre Luis Viale y Galicia, en el barrio Santa Rita de la Capital Federal, se encontraron tres semanas más tarde, en el suelo, 165 chequeras de Unifarma. Esta droguería pertenecía a Ariel Vilán, que se suicidó dias después del Triple Crimen y estaba vinculado con Forza. Otras droguerías en la mira de Palacios y Chamorro son Bisol, Medicar y Drobifarm.
No es bueno que el Fino esté solo
Por Mario Wainfeld
“Es cierto, los agentes secretos del Estado siempre metían la pata. Ese era el orden normal de las cosas no sólo en la Säpo (la policía secreta sueca) sino también, probablemente, en todas las policías secretas del planeta. ¡Por el amor de Dios, si hasta la policía secreta francesa mandó un equipo de buceadores a Nueva Zelanda para hacer estallar el Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace!”
Stieg Larsson. “La reina en el palacio de las corrientes de aire”
Hace menos de un mes, el 20 de octubre, el macrismo escogió una arriesgada táctica para zafar del escándalo derivado del descubrimiento de las andanzas de Ciro James. Al modo del eximio Cassius Clay, quiso defenderse atacando. Cultor de otro deporte rudo, el rugby, el ministro Guillermo Montenegro denunció al gobierno nacional por haberle “plantado” al susodicho espía en su staff de gobierno. La verdad lo tackleó de inmediato. Su imaginería dejaba muchos flancos vacantes: no explicaba el suntuoso sueldo de James, su revista en el Ministerio de Educación, su cercanía con el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, detenido anoche.
Las acusaciones voleadas por entonces incluyeron reproches irónicos al juez Norberto Oyarbide. Montenegro censuró que filtrara información a los medios y no lo tuviera al tanto de medidas que iba tomando. La construcción discursiva se fue desmoronando, el propio Fino Palacios le dio un mazazo cuando reconoció en un reportaje a La Nación haber recomendado a James para la aún nonata Policía.
Ayer, Montenegro parecía otro. Acudió al despacho de Oyarbide, habló de él con respeto y sin sarcasmos. Pasó de la ofensiva a la defensiva más tenaz. Visiblemente incómodo, con aire contrito, narró en conferencia de prensa el pedido de renuncia de Osvaldo Chamorro, pillado en otras andanzas serviciales, de inteligencia. Describió al nuevo defenestrado como “ex subjefe”, seguramente procurando disimular que es el segundo líder de la policía que cae bajo graves sospechas, en un lapso muy breve. Hombre de derecho al fin, consignó que Chamorro no cometió delitos pero que su conducta fue, “cuanto menos, poco ética”. El “cuanto menos”, en boca de un abogado experto, equivale a una apertura de paraguas, casi un equivalente a decir “por ahora”.
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Como toda fuerza de derecha, el macrismo niega la existencia de fronteras ideológicas. Sus espías parecen pensar lo mismo, pues sus pesquisas recorren un espinel variado que tocó al vicejefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a un cuñado de “Mauricio”.
Como dice la cita que encabeza esta nota, los agentes de inteligencia son torpes y delirantes, en Francia, en Suecia o acá. Pero la responsabilidad por sus faltas o delitos es del poder político que los comanda. La del macrismo se multiplica porque eligió ese elenco, arrancando desde cero, sin la mochila de tener personal enquistado de gestiones anteriores. Contra sus hábitos, el macrismo desechó culpar al gobierno nacional de sus cuitas. La paranoia tiene sus límites y aun los creativos que guionan a Macri parecen haberse percatado.
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El oficialismo porteño está en su peor momento. Para colmo, le llegan mandobles “por derecha”: el cardenal Jorge Bergoglio cuestionó que Macri no apelara la sentencia que autoriza el matrimonio de una pareja del mismo sexo. El sermón tuvo amplia difusión; confidentes de Palacio aseguran que Gabriela Michetti debió escucharlo de propia voz del prelado, quien la asesora (o –quién sabe– conduce) en materia política.
Todo indica que el efecto dominó (que no será el del Muro de Berlín pero tiene lo suyo) no ha encontrado su final. La relación entre Montenegro y Eugenio Burzaco, designado y aún no asumido jefe civil de la Metropolitana, es pésima. De hecho, compitieron por el cargo que logró el ex juez. El padrino de Burzaco era el espiado Rodríguez Larreta; Montenegro contaba con el aval de Michetti, de quien es amigo personal. Luce difícil que puedan convivir, máxime en medio de este tembladeral.
Otro tópico de la derecha es que “la gestión no tiene ideología”. En sustancia, la suya refuta el aserto: las tropelías de la UCEP y las de sus uniformados favoritos tienen un innegable sesgo autoritario. Para redondear, su manejo cotidiano es entre anodino y malo, caracterizado por el zigzagueo y el retroceso permanente. Muchos hombres de rugby rodean a Macri, los más jugaron en Cardenal Newman; Montenegro lo hizo en Liceo Naval. Sin embargo, su pack retrocede sin cesar y está contra sus palos. Un riesgo adicional los acecha: en el rugby no existe el try en contra, en la política (a las pruebas nos remitimos), sí.
Fuente: Página|12 Miércoles 18 de Noviembre de 2009
Por Werner Pertot
Jorge “Fino” Palacios, preso. Osvaldo Chamorro, echado. Guillermo Oscar Rodríguez, procesado. A menos de un año de su creación, el jefe, subjefe y secretario administrativo de la Policía Metropolitana debieron renunciar. Los policías elegidos por Mauricio Macri fueron jaqueados por el procesamiento por encubrir la investigación de la AMIA, por el escándalo de espionaje de Ciro James y por una causa por sobreprecios en el menemismo, respectivamente. El juez Norberto Oyarbide detuvo a Palacios, a quien indagará hoy por su vinculación con el caso de espionaje (ver aparte). Chamorro debió renunciar ayer luego de que la Justicia comprobara que investigó a legisladores opositores, dirigentes del gremio de municipales y hasta a funcionarios macristas. Aunque lo echaron por considerar que se trató de “una grave falta de ética”, en el gobierno porteño indicaron que Chamorro les dijo que el que pedía los informes financieros era Palacios.
Desde España –de donde volverá mañana–, Macri ordenó la eyección de Chamorro. Es el segundo jefe que debe abandonar la policía porteña y probablemente se imponga una revisión del resto de la fuerza. La salida a la calle de la Metropolitana se postergará hasta que asuma su nuevo titular, Eugenio Burzaco, después de que termine su mandato como diputado el 10 de diciembre. Mientras tanto, el cargo quedará vacante, con el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, como jefe político. El oficial con mayor rango es Carlos Kervokian, sumariado por la muerte de un joven de 17 años en un operativo a su cargo en la cancha de Huracán.
“En un primer momento creímos que (Palacios y Chamorro) eran las personas indicadas para conducir la fuerza. Ahora entendemos que esa persona es Burzaco”, señaló Montenegro, en una conferencia de prensa que compartió con el secretario general Marcos Peña y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Más temprano, el ministro de Justicia visitó el juzgado de Norberto Oyarbide, donde tuvo una reunión en la que el magistrado le explicó que en una computadora que usaba Chamorro y que se secuestró de Strategic Security Consultancy –una de las empresas de seguridad vinculadas a Palacios– se encontró una carpeta rotulada “Osvaldo”. Allí había un documento de Word con la clave para acceder a la base de datos Nosis. Entre las búsquedas que la Justicia comprobó que se hicieron con esa contraseña estaban los legisladores opositores Diana Maffía, Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa, el legislador electo Francisco “Tito” Nenna y el sindicalista Patricio Datarmini. También aparecían Larreta y habría otros macristas que, a comienzos del año, le habían recomendado a Macri que no designara a Palacios.
Además de compartir oficinas (los investigadores descubrieron que se tiró una pared para unir los departamentos), a Chamorro y Palacios los une su relación con James. Chamorro declaró ante Oyarbide que se vio dos veces con el espía –a quien Palacios recomendó para ingresar a la Metropolitana–, pero luego se comprobó que tiene más de 80 llamadas con James: diez a su celular y el resto a su despacho.
Tras el encuentro con Oyarbide, los macristas tuvieron una nueva reunión de cúpula al mediodía, de la que participaron Larreta, Peña, Montenegro, el titular de PRO, José Torello; el vicepresidente primero de la Legislatura Diego Santilli y el secretario de Medios Miguel de Godoy. Mientras comían empanadas, hubo un pase de facturas entre algunos dirigentes que sostenían que a Chamorro habría que haberlo echado junto con Palacios. También discutieron la posibilidad de descabezar a toda la cúpula policial, pero se resolvió entregar sólo la renuncia de Chamorro.
A las 13.45, Peña y Montenegro llamaron a un muy ofuscado Macri que, tras escuchar los detalles, dispuso que le pidieran la renuncia a Chamorro. El subjefe, a cargo de la Metropolitana, la entregó al instante. Según contaban en el Palacio de Gobierno, el policía les dijo en privado que él no tenía la culpa, que esas consultas al Nosis las había hecho Palacios. En público, Montenegro comentó que “la explicación que da es que no tiene claro quién pidió esa información”.
En la mesa chica de la gestión PRO siguen culpando al gobierno nacional por la difusión del caso. “Esto va a seguir para largo”, pronostican los más pesimistas. En el encuentro de ayer, algunos dirigentes plantearon que Burzaco, cuando asuma, debería analizar caso por caso quiénes son los mandos medios para ahorrarse nuevas sorpresas. También decidieron esperar a su asunción para hacer el postergado lanzamiento de los primeros 800 policías de la Metropolitana. Por ahora, el futuro jefe de la fuerza está de viaje por Israel. “Se está capacitando”, dicen en Bolívar 1.
En la conferencia de prensa, Montenegro intentó separar este caso del de espionaje de James. Indicó que investigar a opositores a través de Nosis “no es espionaje, porque es información pública. No es ilegal, pero en el contexto general, donde el subjefe sería un posible sospechoso, es una falta de ética grave”. “Esto lo sorprendió a Macri. No sabemos por qué recabó esa información”, estimó Rodríguez Larreta. “Creíamos que eran las mejores personas, pero surgieron estos problemas y se eligió priorizar la transparencia de la gestión. Por eso, se fueron”, dijo Peña.
–¿De quién es la responsabilidad política por la designación de Palacios y Chamorro? –preguntó Página/12.
–El responsable político del área soy yo –contestó Montenegro.
–¿Qué ocurrió con los sumarios que se habían ordenado en los ministerios de Justicia y de Educación?
–Se le está enviando toda la información a Oyarbide.
Tras la conferencia, los macristas auguraban que iban a detener a Palacios –algo que ocurrió por la noche– y se lamentaban ante los titulares de los canales de televisión, que decían “espiaban a Bartolomé Mitre, director de La Nación”. “Pero si Mauricio es amigo de él”, se quejó un funcionario. “Puede estar hasta el Pato Donald en esa lista.”
El Fino, adentro del calabozo
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
El comisario retirado Jorge “Fino” Palacios pasó la noche en una celda de los tribunales federales de Retiro y seguirá detenido por decisión del juez Norberto Oyarbide, para quien existen fuertes sospechas de que lideraba una organización dedicada a hacer espionaje ilegal de todo tipo que habría operado desde la Policía Metropolitana, donde Mauricio Macri lo había nombrado como jefe. Hasta ahora el nombre más conocido de esa banda era el del ex policía y asesor del Ministerio de Educación porteño Ciro James, con quien Palacios resultó tener una estrecha relación. La detención fue requerida en las primeras horas de la tarde por el fiscal Alberto Nisman. Lo que se le imputa es haber “ordenado, implementado y supervisado” las escuchas a Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA y uno de los principales impulsores de su desplazamiento de la jefatura de la fuerza porteña por su participación en el encubrimiento del ataque terrorista, entre otras razones. El Fino será indagado hoy y es probable que más adelante se le imputen otros casos de espionaje que están en plena investigación. Pero, además, todo indica que el juez apuntaría a la existencia de una organización ilícita –con jueces, policías y espías– dedicada al espionaje y con Palacios como jefe. En ese caso, el delito sería todavía más grave.
Como adelantó Página/12 en exclusiva, era inminente la citación de Fino a indagatoria, sospechado por espiar en forma ilegal. Eso llevó a que el abogado del ex jefe de la Metropolitana presentara un escrito solicitando que se lo eximiera de prisión. El juez denegó ese pedido por considerar que Fino tiene una vasta y demostrada capacidad para obstaculizar la investigación, lo que derivó en que el propio Palacios se presentara al atardecer en Comodoro Py: allí quedó detenido.
El detallado escrito de Nisman se centra en el caso de las escuchas a Burstein. El fiscal enumera los siguientes elementos de prueba:
- Burstein era uno de los principales voceros de los familiares de las víctimas en su oposición a que Palacios continuara al frente de la Metropolitana.
- Para Palacios resultaba clave escuchar los diálogos que Burstein mantenía relacionados con la causa AMIA y la campaña por sacarlo del cargo de jefe de la fuerza porteña.
- De los siete números telefónicos a nombre de Burstein, sólo se dispuso la escucha ilegal sobre uno: el correspondiente al celular utilizado para tratar todas las cuestiones relacionadas con la causa AMIA.
- En tres meses de este año, el celular de Ciro James se activó 480 veces. De ese total, 477 veces las llamadas se cursaron por la antena situada cerca de la Policía Metropolitana y el Ministerio de Seguridad. Eso demostraría que James ya trabajaba en el área, pese a tener un contrato con Educación.
- En esos tres meses, Ciro James se comunicó 160 veces con Jorge Palacios. Y en muchas ocasiones, lo hizo antes de las 8 o después de las 22, lo que habla de una relación que no es la habitual entre un subordinado y un jefe. Además, la cantidad de comunicaciones ya demuestra el vínculo.
- Cada vez que hubo una movida importante relacionada con las escuchas de Burstein, se produjeron diálogos entre James y Palacios. Cuando se hizo un llamado de prueba para comprobar que ése era el celular del integrante de Familiares, cuando se pidió a los policías misioneros que gestionaran el pinchado, cuando el juez de Posadas firmó la orden, cuando se empezó a cumplir con la escuchas, cuando se retiraron de la SIDE. Siempre, a cada paso, hubo llamadas entre James y Palacios.
Para Nisman, lo que ocurrió es que Palacios puso en marcha contra Burstein un sistema que se venía usando tiempo antes. “Valiéndose del procesado Ciro James, con quien Palacios mantenía una relación de confianza y amistad, porque habían trabajado en la Policía Federal y de cuyo inminente ingreso a la Metropolitana Palacios había sido su gestor y firme impulsor –apuntó el fiscal–, Palacios introdujo el número celular de Burstein en una causa que tramitaba ante el Juzgado en lo Penal 1 de Misiones, a cargo de Horacio Gallardo, donde se investigaba el homicidio de José María Piccoli, ocurrido el 5 de agosto de 2005, y se lo vinculó falsamente con un prófugo de dichas actuaciones, Pedro Antonio Figueredo, alias Leka, sin que exista el menor elemento que permita vincular a Burstein con este expediente. Idéntica maniobra, con la complicidad de dos jueces de Misiones, había sido llevada a cabo con anterioridad, para escuchar las comunicaciones telefónicas de distintas personas, la mayoría de ellos con actuación pública (...) El ilegal sistema utilizado, con la complicidad de jueces y policías, tenía como característica que no requería para las intervenciones valijas de escuchas ni ningún otro aparato de interceptación, ya que se valían del aparato y la maquinaria estatal (...) Engañaban al Estado y delegaban en él su tarea, para que de manera abusiva, arbitraria e inescrupulosa, se dispusieran medidas coercitivas en contra de garantías constitucionales.”
Un Comisario con muchas inquietudes
Por I. H. y R. K.
La computadora de Osvaldo Chamorro, expulsado ayer de la Policía Metropolitana, reveló que también investigaba, desde la consultora del comisario retirado Jorge Fino Palacios, al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y a su hermano Luis Emilio Mitre, asesinado el último día de 2005. No sólo eso: hasta el negocio de la efedrina, la mafia de los medicamentos y el triple crimen de General Rodríguez se mezclaron en la trama del espionaje. Aparecieron pedidos de informes financieros sobre Sebastián Forza y un grupo de droguerías implicadas en las investigaciones sobre remedios truchos, entre ellas la famosa droguería San Javier.
Como informó Página/12, la PC de Chamorro fue secuestrada el mes pasado en el allanamiento de una oficina que figuraba como su estudio jurídico y que resultó ser parte de la consultora Security Strategic Consultancy, de Palacios. Una pericia de la Policía Federal detectó que la máquina tenía instalado el sistema de búsqueda de información financiera de la empresa Nosis y que la clave estaba en una carpeta rotulada “Osvaldo”. De entrada los investigadores pudieron saber que había requerido datos sobre varios legisladores porteños de la oposición, sobre el dirigente del sindicato de los empleados municipales Patricio Datarmini y hasta sobre el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Los datos están siendo analizados por el juez Norberto Oyarbide, quien ayer recibió un listado de los informes requeridos desde el año pasado por la consultora de Palacios y que revela que estaba detrás de grandes asuntos de todo tipo, no sólo políticos. El requerimiento de información financiera y crediticia sobre los Mitre es de octubre de 2008. Resulta muy posterior al asesinato de Luis Emilio, ocurrido hace casi ya cuatro años. Se lo encontró en su departamento de Recoleta con una bolsa en la cabeza y la autopsia determinó que fue asesinado por sofocamiento, pero el crimen nunca se esclareció. Todo hace pensar que Chamorro estaría trabajando en cuestiones relacionadas con la herencia y el conflicto que surgió en la familia Mitre después de su muerte. Como en el caso Macri –donde resultó espiado mediante escuchas ilegales el cuñado del jefe de gobierno porteño–, aquella operación de espionaje estaría relacionada con cuestiones de dinero de la interna familiar.
La aparición del nombre de Forza y de varias droguerías entre los que al parecer interesaban a Palacios y Chamorro tendría su lógica. Forza se contactó con el Fino para ofrecerle pruebas –a cambio de dinero– sobre una importante desaparición de medicamentos dentro del Laboratorio Abbott, al que el comisario retirado asesoraba. Según aparece declarado por un testigo en la causa del triple crimen de General Rodríguez, el robo tenía varias aristas: una era el robo interno; otra, un gran tráfico de medicamentos a través de visitadores médicos; y también había un sistema de coimas a médicos. Tras varias reuniones, Palacios derivó a Forza para que hablara con los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (implicados, igual que Palacios, en el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA). Al final, el intento de venta de información de Forza se frustró.
Sebastián Forza apareció muerto junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina en el atardecer del 7 de agosto del año pasado. Para el fiscal Juan Bidone toda la trama estaba relacionada con jóvenes empresarios del mundo de los medicamentos truchos que vieron la oportunidad de hacer mucho dinero en forma rápida a través del suministro de efedrina a narcos que usaban esa sustancia para fabricar drogas sintéticas. En la investigación del Triple Crimen surgió el nombre de Martín El Gordo Magallanes, quien tenía una droguería en sociedad con Forza: Seacamp. Magallanes aparecería entre los investigados por Chamorro. Del expediente judicial surge que Magallanes estaba vinculado con el financiamiento de operaciones de la droguería.
Otra de las droguerías de la lista de Chamorro y el Fino es San Javier, del empresario Néstor Lorenzo, de histórica vinculación con el circuito de la mafia de los medicamentos. San Javier cobró notoriedad desde que se conoció su vinculación con la Obra Social Bancaria y otras obras sociales. En los pedidos a Nosis está inclusive Unifarma, también famosa a raíz del Triple Crimen. Cerca de la camioneta incendiada de Damián Ferrón, encontrada el 7 de agosto de 2008 en la calle Bolivia, entre Luis Viale y Galicia, en el barrio Santa Rita de la Capital Federal, se encontraron tres semanas más tarde, en el suelo, 165 chequeras de Unifarma. Esta droguería pertenecía a Ariel Vilán, que se suicidó dias después del Triple Crimen y estaba vinculado con Forza. Otras droguerías en la mira de Palacios y Chamorro son Bisol, Medicar y Drobifarm.
No es bueno que el Fino esté solo
Por Mario Wainfeld
“Es cierto, los agentes secretos del Estado siempre metían la pata. Ese era el orden normal de las cosas no sólo en la Säpo (la policía secreta sueca) sino también, probablemente, en todas las policías secretas del planeta. ¡Por el amor de Dios, si hasta la policía secreta francesa mandó un equipo de buceadores a Nueva Zelanda para hacer estallar el Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace!”
Stieg Larsson. “La reina en el palacio de las corrientes de aire”
Hace menos de un mes, el 20 de octubre, el macrismo escogió una arriesgada táctica para zafar del escándalo derivado del descubrimiento de las andanzas de Ciro James. Al modo del eximio Cassius Clay, quiso defenderse atacando. Cultor de otro deporte rudo, el rugby, el ministro Guillermo Montenegro denunció al gobierno nacional por haberle “plantado” al susodicho espía en su staff de gobierno. La verdad lo tackleó de inmediato. Su imaginería dejaba muchos flancos vacantes: no explicaba el suntuoso sueldo de James, su revista en el Ministerio de Educación, su cercanía con el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, detenido anoche.
Las acusaciones voleadas por entonces incluyeron reproches irónicos al juez Norberto Oyarbide. Montenegro censuró que filtrara información a los medios y no lo tuviera al tanto de medidas que iba tomando. La construcción discursiva se fue desmoronando, el propio Fino Palacios le dio un mazazo cuando reconoció en un reportaje a La Nación haber recomendado a James para la aún nonata Policía.
Ayer, Montenegro parecía otro. Acudió al despacho de Oyarbide, habló de él con respeto y sin sarcasmos. Pasó de la ofensiva a la defensiva más tenaz. Visiblemente incómodo, con aire contrito, narró en conferencia de prensa el pedido de renuncia de Osvaldo Chamorro, pillado en otras andanzas serviciales, de inteligencia. Describió al nuevo defenestrado como “ex subjefe”, seguramente procurando disimular que es el segundo líder de la policía que cae bajo graves sospechas, en un lapso muy breve. Hombre de derecho al fin, consignó que Chamorro no cometió delitos pero que su conducta fue, “cuanto menos, poco ética”. El “cuanto menos”, en boca de un abogado experto, equivale a una apertura de paraguas, casi un equivalente a decir “por ahora”.
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Como toda fuerza de derecha, el macrismo niega la existencia de fronteras ideológicas. Sus espías parecen pensar lo mismo, pues sus pesquisas recorren un espinel variado que tocó al vicejefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a un cuñado de “Mauricio”.
Como dice la cita que encabeza esta nota, los agentes de inteligencia son torpes y delirantes, en Francia, en Suecia o acá. Pero la responsabilidad por sus faltas o delitos es del poder político que los comanda. La del macrismo se multiplica porque eligió ese elenco, arrancando desde cero, sin la mochila de tener personal enquistado de gestiones anteriores. Contra sus hábitos, el macrismo desechó culpar al gobierno nacional de sus cuitas. La paranoia tiene sus límites y aun los creativos que guionan a Macri parecen haberse percatado.
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El oficialismo porteño está en su peor momento. Para colmo, le llegan mandobles “por derecha”: el cardenal Jorge Bergoglio cuestionó que Macri no apelara la sentencia que autoriza el matrimonio de una pareja del mismo sexo. El sermón tuvo amplia difusión; confidentes de Palacio aseguran que Gabriela Michetti debió escucharlo de propia voz del prelado, quien la asesora (o –quién sabe– conduce) en materia política.
Todo indica que el efecto dominó (que no será el del Muro de Berlín pero tiene lo suyo) no ha encontrado su final. La relación entre Montenegro y Eugenio Burzaco, designado y aún no asumido jefe civil de la Metropolitana, es pésima. De hecho, compitieron por el cargo que logró el ex juez. El padrino de Burzaco era el espiado Rodríguez Larreta; Montenegro contaba con el aval de Michetti, de quien es amigo personal. Luce difícil que puedan convivir, máxime en medio de este tembladeral.
Otro tópico de la derecha es que “la gestión no tiene ideología”. En sustancia, la suya refuta el aserto: las tropelías de la UCEP y las de sus uniformados favoritos tienen un innegable sesgo autoritario. Para redondear, su manejo cotidiano es entre anodino y malo, caracterizado por el zigzagueo y el retroceso permanente. Muchos hombres de rugby rodean a Macri, los más jugaron en Cardenal Newman; Montenegro lo hizo en Liceo Naval. Sin embargo, su pack retrocede sin cesar y está contra sus palos. Un riesgo adicional los acecha: en el rugby no existe el try en contra, en la política (a las pruebas nos remitimos), sí.
Fuente: Página|12 Miércoles 18 de Noviembre de 2009